El número de asesinatos se redujo notablemente en El Salvador tras la ejecución hace un año de un régimen de excepción que implicó sacar al Ejército y la Policía a la calle y encarcelar masivamente a presuntos pandilleros, pero al costo de suspender garantías constitucionales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, según denuncias que sospechan además de connivencia entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y grupos criminales.
En marzo del año pasado y tras el asesinato de 87 personas a manos de la Mara Salvatrucha (MS13), la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el oficialismo, aprobó a pedido de Bukele el primer régimen de excepción que marcó, de acuerdo a medios de comunicación locales, ONGs y Estados Unidos, el fin de un pacto secreto que el mandatario tenía con esa organización dedicada al narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, sicariato y secuestros.
El acuerdo incluía beneficios financieros para la MS13, reducción de penas, no extraditarlos a Estados Unidos y mejoras en las situaciones carcelarias y en las comunicaciones para seguir controlado la organización a cambio de reducir la cantidad de asesinatos.
Este régimen de excepción, que fue ampliado ya en 10 ocasiones, implicó la pérdida de las garantías constitucionales para todos los ciudadanos y la presencia masiva de militares y policías en la calle.
A partir de ese momento, decenas de miles de personas fueron detenidas sin orden judicial, sin que se le informen los motivos, y quedaron incomunicadas y sin derecho a la defensa durante el plazo de aprehensión provisional, que se modificó extendiéndose de tres a 15 días.
“Lo que se sabe es lo que ha publicado el Gobierno, que es que están incomunicados” y que “fueron detenidas, en el marco del régimen de excepción, más de 64.000 personas, entre ellos 1.600 menores de edad”, precisó en diálogo con Télam la directora de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, Tamara Taraciuk.
Pero HRW y la ONG local Cristosal no pudieron brindar datos sobre cuantas de esas personas fueron detenidas y permanecen encerradas pese a no haber cometido delito alguno ante la falta de transparencia e información oficial.
Ambas organizaciones afirman que hubo arrestos arbitrarios masivos y han documentado casos de desapariciones forzadas, de tortura en detención y entre 90 y 106 muertos bajo custodia, un número que varía de acuerdo a lo que dice el Gobierno y las ONGs.
“Este es el universo del cual estamos hablando, no hay cifras confiables ni claras que establezcan cuántas de esas personas fueron detenidas por ser miembros de una pandilla y que no lo sean. Nosotros hemos documentado casos de individuos que fueron detenidos por su aspecto físico, o porque tenían un tatuaje, o porque estaban en el lugar y momento equivocado”, agregó Taraciuk.
Numerosos testimonios recogidos por el medio salvadoreño El Faro hablan de detenciones por mostrar “nerviosismo” en los interrogatorios, así como también hay declaraciones que dan cuenta de una cantidad de arrestos o cuota con los que tenían que cumplir sí o sí los uniformados.
“Los familiares de las personas detenidas señalaron que cuando le preguntaban a la Policía las razones de la captura, muchos de ellos decían que era porque tenían una cuota (que cumplir), una meta”, dijo a Télam el abogado Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, una organización dedicada al monitoreo de violaciones de derechos humanos.
“Para cumplir con esas metas, inicialmente recurrieron a listados de gente con antecedentes penales, incluso personas que ya estaban condenadas y habían cumplido con su pena o que estaban en programas de rehabilitación, y han vuelto a capturarlas”, precisó Ábrego y agregó que la policía también usó unos listados de “gente que ellos han perfilado como pandilleros”.
Sin embargo, muchas de estas personas que figuraban en las listas nunca fueron investigadas, sino que su nombre fue incluido porque había sido mencionado, por ejemplo, durante alguna intervención policial.
Y esto ocurre en un contexto donde no hay instituciones independientes que puedan llevar adelante investigaciones penales y con una Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo, que ha concentrado el poder al punto de cambiar a los magistrados de la Corte Constitucional para poder avanzar en sus reformas sin ningún tipo de freno.
“Bukele ha hecho una arremetida en contra de instituciones democráticas, en contra el Poder Judicial, de fiscales, ha tomado el Poder Legislativo, y en ese contexto, es muy difícil para las instituciones estatales independientes poder controlar lo que está ocurriendo”, enumeró Taraciuk.
La centralización del poder es tal, que el propio Gobierno, sin temor a la condena, difundió como parte de la propaganda de su política de seguridad numerosas imágenes de pabellones atestados de presos sentados en el suelo, uno pegado al otro, vestidos solo con ropa interior, dejando ver los tatuajes que los identifican como miembros de las maras.
Unas imágenes que, según comentó esta semana el presidente colombiano, Gustavo Petro, recuerdan a un “campo de concentración”, pero que internamente le han servido a Bukele para llevar su imagen positiva a cerca del 90%, abriéndole el camino a la reelección en 2024.
“Son instrumentos publicitarios que tienen sus efectos en el apoyo popular por parte de ciertos sectores. Ese elemento del uso de la fuerza, incluso sin importar los límites legales, es parte de una estrategia que es de un manejo populista punitivo”, expresó Ábrego, en referencia a un video de tinte cinematográfico difundido hace una semana en el que muestran el traslado de 2.000 detenidos a un nuevo centro penitenciario concebido como un lugar para albergar “terroristas”.
Se trata de una megacárcel sin patios, áreas de recreación ni espacios para visitas conyugales.
El impactante video se conoció horas después de que Washington publicara una acusación formal en la que se implica a miembros del Gobierno salvadoreño con líderes de la MS13, a quienes, según la denuncia, se les ofreció beneficios carcelarios y la no extradición a Estados Unidos a cambio de reducir el índice de homicidios en el país.
“Las imágenes son un vívido reflejo de la política punitivista de Bukele en materia de seguridad pública y un intento por controlar la narrativa de lo que ocurre en el país”, afirmó la directora de HRW, quien señaló que el video, en clave “hollywoodense”, lo que hace es tapar el trasfondo de las negociaciones con las pandillas “que distan mucho de ser una política de seguridad efectiva”.
“Si lo que quieren es combatir la criminalidad de las maras, lo que hace falta son políticas sociales, de educación, de integración, de oportunidades para los jóvenes, para que tengan una alternativa distinta a las pandillas y una política de investigación penal con un sistema de justicia independiente”, enumeró.
Lo cierto es que la caída de las tasas de criminalidad, junto con esa retórica punitivista, han funcionado a la perfección para los intereses de Bukele, quien espera renovar su mandato sin problemas, tras haber modificado la constitución para habilitar la reelección.
Además, el “presidente milenial” de 41 años, como se lo conoce, tiene un gran alcance entre sus votantes gracias al manejo que tiene de redes sociales y medios de comunicación, que hacen que esa narrativa permee en la sociedad.
Para HRW, “es preocupante no solo en El Salvador, sino también a nivel regional, donde se está queriendo exportar el modelo de Bukele como un modelo exitoso en la lucha contra la inseguridad. Pero la historia de El Salvador muestra que estos modelos de mano dura a la larga no sirven para combatir los problemas de inseguridad”.
