En el marco de la octava presentación en el Congreso de la Nación del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), cientos de mujeres realizaron un “pañuelazo” y se movilizaron este martes por las calles de Mar del Plata para reclamar por el aborto legal, seguro y gratuito, como asimismo exigir la implementación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
La convocatoria estaba anunciada para las 17 horas en el Monumento a San Martín, en el emblemático cruce de Avenida Luro y Mitre. Allí, mujeres de todas las edades se concentraron para reclamar por el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y que finalmente el aborto sea seguro, legal y gratuito, para luego recorrer las calles del centro y finalizar en la rambla marplatense.
El nuevo proyecto presenta algunas modificaciones en relación al del último año. El sujeto no son solo las mujeres, sino también personas no binarias, hombres transexuales, lesbianas y todas aquellas personas con capacidad de gestar.
Por otra parte, ahora se contempla el aborto libre hasta la semana 14, incluyendo no solo a los establecimientos del sistema de salud público sino también dentro del plan médico de las obras sociales y los sanatorios privados, además de imponerle al Estado un lapso de cinco días para desarrollar esta práctica.
La convocatoria se divulgó por distintos medios y tuvo gran recepción, ya que un variado espectro de personas (mujeres mayores, jóvenes, adolescentes y hombres de todas las edades también) se acercó al cruce de Luro y Mitre.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito presenta este martes por octava vez un proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), con modificaciones respecto al del año pasado, que está dividido en tres títulos que abarcan las condiciones de la práctica, las políticas de prevención y las reformas del Código Penal.
Estos son los puntos salientes del proyecto:
-Alcance: además de la mujer se incluyó “otras identidades con capacidad de gestar” a quienes “tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las catorce semanas, inclusive, del proceso gestacional”.
-Causales: más allá de las 14 semanas, el proyecto establece que toda mujer o persona gestante tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos: a) Si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el/la profesional o personal de salud interviniente y b) Si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante. Aquí se sacó la causal de “malformaciones”, que estaba presente en el proyecto anterior por entenderlo como parte del concepto de salud integral de la mujer.
-Plazos: el proyecto fija un plazo máximo de 5 (cinco) días corridos desde su requerimiento para a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud.
-Acceso a la información: el nuevo proyecto incorpora que el sistema de salud debe garantizar un/a intérprete de la lengua o idioma en la que se comunica la persona que requiere la práctica. En el caso de las personas con discapacidad se debe proporcionar en formatos y medios accesibles y adecuados a sus necesidades.
-Apartado sobre la situación de niñez y adolescencia: el proyecto establece que si la IVE “debe practicarse en una persona menor de 13 años de edad se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal” o a las fijadas según la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación. En tanto que “si la interrupción voluntaria del embarazo es requerida por una persona adolescente de entre 13 y 16 años de edad se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento” a excepción que esté en riesgo su salud, en cuyo caso “deberá prestar su consentimiento con la asistencia de al menos uno de sus progenitores”.
-Personas con discapacidad y personas con capacidad restringida: Es un apartado nuevo del proyecto y establece que ninguna mujer o persona gestante puede ser sustituida al dar su consentimiento por terceras personas, “independientemente de su discapacidad, diagnóstico en su salud o determinación judicial sobre su capacidad jurídica”.
-La objeción de conciencia de parte de los profesionales no fue contemplado en el proyecto.
-En referencia a la cobertura, el artículo 11 estableció que además del sistema público de salud, la práctica debe estar incluida en el Plan Médico Obligatorio (PMO).
-Código Penal: El proyecto propone que se sustituya el artículo 86 del Código Penal por la siguiente redacción: “No es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional”.
Fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, el proyecto propone expresar que “no será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer o persona gestante: a) Si el embarazo fuera producto de una violación. Se debe garantizar la práctica con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el/la profesional o personal de salud interviniente; b) Si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante”.
En relación al artículo 87 el proyecto propone que “será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, el que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado del embarazo de la mujer o persona gestante fuere notorio o le constare”.
En cuanto al artículo 88 del código se propone que “la mujer o persona gestante no sea penada en ningún caso”.
