La Legislatura porteño aprobó una ley para que regular la comercialización y reparación de los celulares usados, sus repuestos o partes, con el objetivo de desalentar el robo de celulares y su ingreso al mercado negro.
La nueva normativa contempla la creación de un sistema público, online y gratuito de seguimiento de la actividad con durísimas sanciones económicas por incumplimientos, que van desde $ 17.800 hasta $ 89.000, y la clausura de comercios.
“El objetivo es controlar el comercio ilegal de aparatos electrónicos, que se encuentra relacionado directamente con los hechos de hurto o robo en vía pública y encabezan las estadísticas delictivas”, se explicó en los fundamentos del proyecto, del diputado macrista Ariel Álvarez Palma.
La iniciativa se convirtió en ley con 56 votos positivos y dos abstenciones, del total de 58 diputados presentes al momento de debatir la propuesta.
En el nuevo registro los titulares de los comercios que se dediquen a esta actividad deberán ingresar los datos de los dispositivos que tengan en su poder, tanto para las operaciones de venta o reparación, para lo cual se exigirá documentación respaldatoria.
“La problemática de la seguridad pública y la criminalidad han pasado a ocupar el centro de atención de los argentinos, constituyéndose en una de las principales demandas ciudadanas y por ello la necesidad de implementar acciones a corto plazo que pongan fin a esta grave situación.
“La situación puntual de sufrir el robo de un celular hoy en día implica una perdida material en muchos casos cuantiosa, dinerariamente hablando, pero además conlleva una pérdida de datos e información personal que en ocasiones puede derivar en delitos aún más graves”, justificaron los autores.
El texto establece que la autoridad de aplicación será la Agencia Gubernamental de Control (AGC) a cargo de Raúl Pedace, la que podrá secuestrar los aparatos en los casos que se verifiquen incumplimientos o irregularidades en el sistema de comercialización. “Estos celulares, o sus partes, serán publicados en un sitio web que se disponga para tal fin y por un día en el Boletín Oficial de la Ciudad, y en la puerta del establecimiento inspeccionado”, se informó.
“Se calcula que hay un total de 50 millones de teléfonos celulares y 5.000 robos diarios de los mismos, por eso el Estado tiene que tomar parte y generar políticas públicas”, dijo Álvarez Palma en la sesión.
• Multas
Dentro del Régimen de Faltas de la ciudad de Buenos Aires, aprobado por Ley Nº 451, se incorporó un artículo específico sobre comercialización de aparatos electrónicos de telefonía celular, que implica cuantiosas multas según las Unidades Fijas (UF), equivalentes a medio litro de nafta de mayor octanaje informado por la sede central del Automóvil Club Argentino.
Hoy, estos valores representan $ 17,80 por cada UF, con la Premium a $ 35,60. Esta cifra se actualiza semestralmente, con lo cual para fin de año podrá aumentar hasta superar los $ 40 el litro y la UF llegará a $ 20.
– El que comercialice y/o repare aparatos electrónicos usados de telefonía celular, sus repuestos o partes, y tuviere dichos elementos sin registrar la tenencia o los comercialice o repare, sin ingresar dichas operaciones en el sistema de comercialización de celulares, será sancionado con multa de 1.000 a 4.000 U.F. Equivalente a $ 17.800 y $ 71.200.
– El que los comercialice sin acreditar su legítima adquisición o tenencia será sancionado con multa de 1.500 a 4.500 U.F. o clausura. Equivalente a $ 26.700 o $ 80.100.
– Si la información ingresada en el sistema de comercialización de celulares fuere falsa, el titular del establecimiento será sancionado con multa de 2.000 a 5.000 U.F. o clausura. Equivalente a $ 35.600 o $ 89.000.
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