Las medidas tienen el aval de organizaciones sociales, referentes políticos y organismos. Según el Indec, en Argentina se produce un femicidio cada 28 horas. Esta semana se presentó un proyecto que busca declara la emergencia social.
El 25 de noviembre se celebró el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. En Argentina, y según estadísticas oficiales, se produce un femicidio cada 28 horas. Referentes de todos los espacios políticos pidieron mayor presupuesto para mejorar la situación de las mujeres y erradicar la violencia.
Información especializada indica que en el primer semestre de 2018 se hicieron 670 denuncias al día por violencia de género y en los últimos 10 años se cometieron 2679 femicidios (el 62% realizados por parejas o ex parejas y el 27% de las victimas 27% de las víctimas ya había denunciado a su agresor).
Guido Lorenzino, defensor del pueblo de la Provincia de Buenos Aires, expresó que es una deuda en “materia de derechos humanos de las mujeres y personas trans y travestis” y que “se agravó en el último tiempo con el deterioro y desmantelamiento de programas gubernamentales, como así también con la reestructuración y reducción de las áreas y organismos dedicados a la problemática en los distintos niveles del Estado”.
Desde la defensoría reclaman la necesidad de crear programas de atención integral para las víctimas de violencias que tengan en cuenta las instancias de conciliación entre las tareas de cuidado y el trabajo de las mujeres; el diseño de programas de protección de testigos; llevar adelante políticas reparatorias en los casos de violencias hacia las mujeres y personas trans; y la puesta en vigencia de la ley de cupo laboral para personas trans y travestis en la Provincia. Además solicitan la implementación de Educación Sexual Integral en todos los colegios Bonaerenses.
Otro que se manifestó fue Sergio Massa. “Necesitamos un gran acuerdo de Estado y fuerte decisión política para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las mujeres no son propiedad de los varones. Debemos construir una sociedad equitativa e inclusiva definitivamente. El próximo Gobierno debe hacer de este acuerdo una prioridad política. Cada víctima es una tragedia irreparable pero evitable”, sostuvo el líder del Frente Renovador.
El año pasado en se registraron 86.700 casos de violencia contra la mujer en Argentina y en los últimos 9 años, 3.378 niños y adolescentes quedaron sin sus madres contó el ex legislador provincial Sebastián Galmarini en su cuenta de twitter.
Darío Witt, presidente de ‘Casa María Pueblo’ una ONG que atiende y asesora a mujeres y niños víctimas de la violencia de género aseguró esta semana a INFOCIELO que la Provincia “se queda en las buenas intenciones” y que “hay mucha más gente que habla, que hace discursos, que la Secretaria de Derechos Humanos, la mesa provincial, el consejo provincial. Es decir que existen 15 organismos distintos que se dedican a lo mismo. Y aparece una señora con 5 pibes y no saben qué hacer, y si aparece en un fin de semana largo, se resuelve el martes”.
En el Presupuesto del año pasado la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia consignó un gasto de 281.769.000 pesos, según el proyecto para el 2019 la secretaría se reparte un gasto de 2.596.329.700 con la Secretaría General, la Legal y Técnica, y Medios. Dentro de la Secretaria de Derechos Humanos funciona el Instituto Provincial de Género y Diversidad Sexual. Allí se trabaja en el desarrollo e implementación de Programas orientados a dar respuesta a la problemática de la violencia de género que padecen cientos de mujeres en el territorio bonaerense
Este miércoles el bloque de diputados de Unidad Ciudadana presentó un poryecto que busca declarar la emergencia en materia social por Violencia de Género en la provincia de Buenos Aires. El objetivo es brindar la contención de las personas en situación de violencia de género a través de una ayuda económica, sobre todo aquellas que son sostén del hogar.
“Es necesario paliar y combatir el flagelo que sufren las mujeres en la cotidianeidad, para que la violencia deje de ser silenciosa, y las autoridades competentes puedan cumplir un rol activo en los aspectos de prevención contra todas las modalidades y tipos de violencia”, dice el proyecto
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