La candidata a la Procuración General de la Nación, Inés Weinberg de Roca, afirmó que “hay que seguir con la política de derechos humanos”, en alusión a los juicios pendientes contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, y se consideró dentro del “colectivo de argentinos que cree que lo que hemos hecho (en esa materia) está bien”. La candidata propuesta por el Poder Ejecutivo respondió así a una de las impugnaciones hechas por los organismos de derechos humanos a su postulación, que recordaron que actual titular del Tribunal Superior de Justicia porteña se había manifestado durante un reportaje en contra de la “justicia de un solo lado”, algo que, según dijo, fue “descontextualizado”.
En la misma audiencia reconoció que las decisiones emanadas por el Sistema Americano de Derechos Humanos son obligatorias, en el caso de la Corte Interamericana, y de “ineludible consideración” en el caso de la CIDH. Por otra parte, la candidata valoró el trabajo de sus antecesores, negó mantener vínculos personales con la pareja presidencial y señaló como objetivo principal de su eventual futura gestión la implementación del sistema acusatorio.
Weinberg de Roca se presentó en la Comisión de Acuerdos del Senado para responder las impugnaciones en su contra, paso previo a la votación del pliego presentado por el Ejecutivo tras la vacante producida en octubre de 2017, luego de la renuncia de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, a quien la alianza gobernante acusaba de ser militante kirchnerista.
En su exposición, la presidente del TSJ porteño aseguró que, en caso de acceder a la Procuración General, tendrá como objetivo principal la “aplicación efectiva del nuevo Código Procesal Penal como modelo acusatorio” y alcanzar la “autarquía financiera” del organismo. “No es mi propósito desandar el recorrido en las gestiones anteriores en materia de fortalecimiento y modernización. No se trata de desideologizar a los profesionales sino institucionalizar y profesionalizar al organismo”, agregó.
La primera impugnación, y una de las más relevantes, que debió responder la candidata fue la manifestada por los organismos de derechos humanos, que objetaron que Weinberg de Roca se despidiera del tribunal internacional que juzgó los crímenes de lesa humanidad en Ruanda afirmando que aquel tribunal había actuado con “justicia de un solo lado”, hecho que comparó con lo ocurrido en la Argentina, abonando de esa manera la teoría de los dos demonios.
Frente a un auditorio integrado, entre otras, por Taty Almeida, madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Weinberg de Roca aseguró que aquella afirmación fue hecha durante una entrevista en inglés, que luego fue “descontextualizada”, en la que la habían consultado por el accionar de los grupos paramilitares, como la Triple A, que en la Argentina aún no habían sido juzgados.
Ante una repregunta de la senadora Anabel Fernández Sagasti respecto de su opinión por los juicios contra los delitos de lesa humanidad, la titular del TSJ sentenció que “hay que seguir con la política de derechos humanos, que ha sido remarcable a nivel internacional”, y se consideró, al igual que el ex fiscal Luis Moreno Ocampo, dentro del “colectivo de argentinos” que fueron reconocidos por los tribunales internacionales por “la actuación en materia de derechos humanos”. “Yo formo parte de esa Argentina que ha sido reconocida, e integro el colectivo argentino que cree que lo que hemos hecho está bien hecho”, aseguró.
La candidata a la Procuración también reconoció la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y leyó la respuesta ofrecida en 2007 respecto de la decisión de la Corte Suprema de anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final: “La investigación y conocimiento de los sucedido es importante para las sociedades aún después de los acontecimientos. Las víctimas y sus familiares tienen el derecho a la verdad y no hay justicia sin verdad ni paz sin justicia”.
Más adelante, Weinberg de Roca se manifestó a favor de la extracción de sangre compulsiva en los casos de robo de bebes durante la dictadura y subrayó que, más allá de su opinión personal, la orden de extracción es una facultad legislada. Respecto de la aplicación de los fallos de la Corte Interamaricana de Derechos Humanos y las resoluciones de la CIDH, la postulante aseguró que “es claro que las sentencias en la que la Argentina es parte son obligatorias y que todas las decisiones de la Comisión son de ineludible consideración, no pueden no ser consideradas”.
Por último, la actual titular de la TSJ porteño, quien se declaró “firmemente republicana”, fue más reservada acerca de los debates en curso en el Senado. Respecto del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo evitó dar su opinión y señaló que aplicará la ley que apruebe el Congreso Nacional. En cuanto al proyecto de extinción de dominio también dijo que esperará la decisión de los legisladores, aunque adelantó dos opiniones: se manifestó a favor de que la reasignación de recursos provenientes de causas de corrupción o narcotráfico recaiga en el Ministerio Público Fiscal y no en el procurador del Tesoro, y que esos recursos queden a disposición de las provincias y no del Estado nacional.
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